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FAQ’s & A’s

¿Cuándo es un delito el ecocidio?

Hay 4 elementos que establecen un crimen de ecocidio: 1. identificación de los actos u omisiones del perpetrador que dan lugar al ecocidio (actus reus); 2. que disminuye severamente la paz; 3. el perpetrador tiene conocimiento de un resultado real o posible (mens rea); y 4. el perpetrador es un alto funcionario. Para establecer los parámetros del ecocidio, se aplica la prueba de “tamaño o duración o impacto” (según lo establecido en el Convenio sobre la modificación del medio ambiente de 1977).

¿Quién es culpable?

Identificar al perpetrador requiere la identificación de la(s) persona(s) mayor(es) que ocupa(n) el cargo de “responsabilidad superior”; a los efectos de los delitos del ecocidio, las personas de mayor responsabilidad incluyen a los directores generales, directores, ministros, jefes de estado, etc. Se puede ver cómo dos directores generales fueron enjuiciados por delitos de ecocidio en un caso de prueba que tuvo lugar en el Tribunal Supremo del Reino Unido; ver el Juicio de Ecocidio Simulado. (mock trial link)

¿Puede el ecocidio ser causado intencionadamente?

A menudo lo es. Para que se establezca un crimen de ecocidio, se requiere que el conocimiento sea probado en la corte (mens rea).

¿Cuál será el impacto de prohibir el ecocidio?

La ley del Ecocidio tiene la capacidad de interrumpir el ciclo de daños graves que lleva del agotamiento de los recursos a la pérdida, el daño y la destrucción, al desplazamiento climático o al conflicto, incluso a la guerra. La protección de la tierra se convierte en la prioridad absoluta; la migración con dignidad para los desplazados climáticos se convierte en un deber internacional y se prohíbe la actividad ecocida.

¿Alguna vez hemos penalizado un daño grave?

Sí. Antes de que la esclavitud fuera penalizada en 1833, 300 acuerdos internacionales fueron implementados, con muy poco éxito, para suprimir la esclavitud. Muchos de estos acuerdos carecían de instituciones y procedimientos adecuados para garantizar su cumplimiento. De la misma manera con el apartheid; se aprobaron resoluciones en las Naciones Unidas, mociones y declaraciones escritas y firmadas, las naciones condenaron públicamente y firmaron un convenio, pero ninguna de ellas detuvo el apartheid. Finalmente, el apartheid fue defendido como un crimen internacional contra la humanidad. El imperio de la ley significa muy poco hasta que aquellos que causan el daño o la injusticia puedan ser responsabilizados y las actividades dañinas (y la toma de decisiones que conducen al daño) sean prohibidas.

¿Qué es el ecocidio natural?

Un acto de Dios (un término legal usado para describir desastres naturales) no es en sí mismo un crimen. Cuando ocurre (o está a punto de ocurrir) un desastre que causa un daño significativo, las personas de responsabilidad superior están obligadas por un deber obligatorio de asistencia cuando sea necesario. Por ejemplo, un Estado insular pequeño está amenazado con graves pérdidas y daños debido a la elevación del nivel del mar: cualquier dirigente estatal que se niegue a prestar asistencia podría ser enjuiciado en un tribunal penal.

¿Es fácil identificar a quién responsabilizar?

Sí. Los perpetradores son altos funcionarios del Estado o de empresas que, con sus actos u omisiones, han causado o no han prevenido el ecocidio; en el caso del ecocidio climático, la falta de asistencia también constituye el ecocidio.

¿Cómo afecta el delito del ecocidio a los derechos indígenas?

Al tipificar el ecocidio como delito, muchas comunidades que antes no contaban con el apoyo de la ley para evitar los daños y la destrucción en masa estarán protegidas por la ley. La ley del Ecocidio establece el deber legal que defiende los derechos indígenas para sus territorios. Cuando una empresa causa ecocidio, o amenaza con hacerlo, el Estado debe intervenir.

¿Por qué disponer de un crimen penal cuando un individuo puede demandar a título individual?

Sin la ley del Ecocidio, el estado no tiene el deber de actuar en su nombre (es decir, enjuiciar), lo que significa que tiene que tomar el caso cada persona individual (costoso) e incluso si esta persona ganara (los recursos suelen limitarse a multas solamente), la empresa puede hacer lo mismo de nuevo. Los remedios civiles no prohíben ni previenen. Por el contrario, el derecho penal sí; cuando un Estado tiene el deber de prohibir o prevenir el ecocidio, tiene el deber de enjuiciar. En el estado actual de la legislación en muchos países, los intereses de los accionistas son lo primero, por lo general para maximizar los beneficios.

¿Es la ley del ecocidio contraria al desarrollo?

La ley del ecocidio es favorable al desarrollo. Sí, prohíbe las actividades industriales peligrosas que causan daños significativos, pero también impone a los gobiernos, las empresas y las finanzas la obligación de garantizar que toda la industria no sea perjudicial a gran escala. En otras palabras, por ley los gobiernos, las empresas y los bancos darán prioridad, por ejemplo, a la generación y producción de energía limpia, creando muchos más puestos de trabajo en el proceso. Los inversores estarán en igualdad de condiciones, contribuyendo a facilitar economías no perjudiciales con inversiones que pasen, por ejemplo, de los combustibles fósiles a las energías renovables.

¿Criminalizar el ecocidio detendrá todo ecocidio?

Todavía tenemos el robo, pero no pensaríamos en revocar la ley del robo; lo que sí tenemos es la oportunidad de poner en marcha una ruta hacia la justicia. Lo mismo para el genocidio. Una vez que el genocidio se convirtió en un crimen internacional, la normativa dio la vuelta. En lugar de ser una norma (donde no había leyes que lo impidieran), el genocidio es ahora una excepción. Al criminalizar un error moral, prohibimos un error legal. Proporciona las herramientas legales para que los abogados actúen y hablen en nombre de los perjudicados, y la sociedad en general ya no considera aceptable que se cometa el delito.

¿Qué hay de las muchas decisiones de muchos de nosotros que contribuyen al ecocidio?

Bajo el principio de derecho penal internacional de “responsabilidad superior”, los pocos que toman decisiones importantes que pueden causar daño de manera generalizada, a largo plazo o severa son los individuos que son procesados. La ley del Ecocidio va a la fuente, identificando a los pocos tomadores de decisiones clave que impactan negativamente en muchos. La ley del Ecocidio no procesa a los usuarios finales (que a menudo tienen poca o ninguna opción).

¿Cómo puede la ley de ecocidio ayudar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales?

Allí donde las ONG (y los individuos) hablan de injusticias ecológicas, falta la ley. Tal y como lo demuestran los recientes litigios, lo que existe en la actualidad no impide que se produzcan daños significativos. Muchos activistas de ONG y defensores del medio ambiente corren el riesgo de ser arrestados en el curso de su búsqueda de justicia. La ley del Ecocidio les da el apoyo de la ley.

¿Cómo afectará la ley del ecocidio a las empresas que ya cuentan con sistemas eficaces de control?

Aquellos negocios que ya se están asegurando de no causar daño, no deben ser afectados por una ley del Ecocidio. Lo que hace esta ley es asegurar que los estándares de mejores prácticas sean los mismos para todas las empresas; las disposiciones previamente voluntarias o blandas o suaves son reforzadas por la ley del ecocidio y lo que antes era voluntario se convierte en cumplimiento obligatorio. Las empresas que ya cuenten con sistemas de control eficaces tendrán la ventaja de ser las primeras en el mercado.

¿Cuáles son las implicaciones políticas y económicas inmediatas?

La ley de Ecocidio interrumpe un sistema existente. Entre otras cosas, esta ley garantizará que nuestras economías estén orientadas a los servicios y no a la propiedad; nuestras empresas tendrán una obligación legal primordial de cuidar en lugar de anteponer las ganancias a las personas y al planeta; y nuestros gobiernos estarán obligados por ley a cambiar a políticas no perjudiciales.

¿Algún país se opondrá a la ley del ecocidio?

Posiblemente. Lo que importa es si el Estado es signatario del Estatuto de Roma; de lo contrario, no hay ni voz ni voto. De la misma manera, para los estados que pueden beneficiarse del estatus de protección que ofrece la ley de ecocidio; si no son signatarios, no tienen lugar. Por lo tanto, sólo aquellos que son signatarios pueden votar a favor de la ley de ecocidio y obtener el apoyo de la ley de ecocidio cuando sea necesario (algunos Estados querrán unirse para contar con el apoyo de la ley internacional de ecocidio).

¿Quién puede votar para que el ecocidio sea un crimen?

Cada Estado miembro del Estatuto de Roma (actualmente hay 124) tiene derecho a votar para que se incluya el ecocidio como crimen internacional. Cuando 83 Estados miembros apoyan una enmienda al Estatuto de Roma para incluir el crimen de ecocidio, se convierte en ley.

¿Puede la ley de ecocidio obligar a otros países no signatarios?

Sí, en ciertas circunstancias. La jurisdicción universal para los crímenes internacionales cometidos por no signatarios ha sido confirmada, sobre todo por la Cámara de los Lores del Reino Unido, cuando un abogado español presentó crímenes de lesa humanidad contra el General Pinochet cuando éste visitó el Reino Unido en 1998.

¿Tomará mucho tiempo conseguir que los países acepten su aplicación?

Esto depende de la voluntad política. Todas las naciones pueden aprobar leyes de emergencia de la noche a la mañana y la experiencia nos demuestra que cuando se alcanza un punto de inflexión, muchos países se incorporan. Tomemos el crimen de genocidio, aprobado en menos de 3 años. Enmendar el Estatuto de Roma es una vía rápida y no se puede vetar; es mucho más fácil enmendar un documento que poner en marcha un Tratado, Convención o Acuerdo jurídicamente ineficaz.

¿Podría ser un obstáculo el continuo proceso de enmienda del crimen de agresión?

Sólo si es utilizado políticamente como barrera por aquellos que no quieren apoyar la ley del ecocidio. O, podría ser un beneficio; pudiendo adelantarnos a los obstáculos.

¿Podrían retirarse del Estatuto de Roma los Estados signatarios que no desean una ley de ecocidio?

Tal vez. Hasta que no se presente la ley del ecocidio, es imposible saber si los Estados amenazarían con marcharse sobre la base de que desean seguir cometiendo el delito de ecocidio. Sin embargo, todos los signatarios apoyan el enjuiciamiento de los “delitos más graves conocidos por el hombre”, es decir, oponerse al ecocidio (entre otros crímenes), lo que supone que un Estado ya no se adhiere a los valores compartidos.

¿Es la implementación de un crimen internacional de ecocidio un desafío?

Ciertamente. Aunque originalmente había mucho apoyo cuando se incluyó por primera vez en el Estatuto de Roma, ahora hay un espacio democrático cada vez más reducido. Sí, nuestro reto puede ser mayor, pero con mayor razón para actuar.

¿Accederán los líderes a rendir cuentas?

En última instancia, un jefe de Estado (o ministro) es responsable ante su pueblo y depende de su apoyo. Una política gubernamental basada en la prevención de daños es reforzada por la ley de ecocidio.

¿Cómo podemos evitar que la ley del ecocidio se convierta en una ley ineficaz?

Hay varias maneras. Asegurarse de que todos los documentos sean de dominio público; obtener el apoyo de diversas y numerosas organizaciones, individuos y comunidades; asegurar que la intención detrás de la ley siga siendo visible e invitar a muchos otros a convertirse en defensores de la ley del ecocidio.

¿Se aplica la ley del ecocidio al cambio climático?

Sí. La ley de Ecocidio, si bien aborda específicamente la fuente del daño, puede basarse en pruebas relacionadas con el clima para establecer el daño. La evidencia relacionada con el cambio climático es a menudo un síntoma de ecocidio (p. ej., datos que muestran el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero de las principales industrias de carbono).

¿Puede la Corte Penal Internacional ampliar y reforzar sus competencias?

Sí. La ampliación de sus atribuciones con la ley del Ecocidio fortalece el poder del Estado de Derecho tal como debía ser originalmente. Existe una premisa histórica para el ecocidio dentro de la ONU que le da legitimidad; el ecocidio fue originalmente redactado en el Estatuto de Roma, el documento que rige la Corte Penal Internacional. Muchos estados habían apoyado su inclusión anteriormente. Además, muchos países, como los pequeños Estados insulares que no son signatarios del Estatuto de Roma, tendrán buenas razones para unirse, para estar protegidos por el crimen del ecocidio. Restaurar el ecocidio como el quinto Crimen contra la Paz que falta es asegurar que la intención original del Estatuto de Roma de prevenir daños significativos – y así promover la paz global – se realice plenamente.

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